El gobierno español estudiaba este viernes las medidas concretas con las que se dispone a intervenir la autonomía de Cataluña en respuesta al desafío independentista, una medida que podría desembocar en elecciones regionales anticipadas a comienzos de 2018.

A pocas horas de que se anuncien las medidas, los máximos dirigentes del país subieron el tono: el rey Felipe VI denunció que España vive "un inaceptable intento de secesión", y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que se ha "llegado a una situación límite".

En el mismo acto en que se pronunció el monarca en Oviedo (norte), el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, reiteró veladamente la oposición del bloque a una secesión unilateral de Cataluña, al cargar contra quienes "siembran la discordia ignorando voluntariamente las leyes".

El equipo de Rajoy lleva días negociando con los socialistas, principal fuerza opositora, la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Éste permite intervenir total o parcialmente las competencias de una región para obligarla al "cumplimiento forzoso" de la legalidad.

AFP / Emmanuel Dunand El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, comparece en Bruselas el 20 de octubre de 2017, al término de la cumbre de la Unión Europea

Las medidas se precisarán este sábado en un consejo de ministros extraordinario, y a partir de ahí serán sometidas a final de mes a la aprobación del Senado, donde los conservadores del Partido Popular (PP) tienen mayoría.

La suspensión de competencias, no obstante, es una jugada muy arriesgada en una Cataluña celosa de su autogobierno, que tiene a su cargo la gestión de importantes servicios como sanidad y educación y cuenta con una policía propia.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha amenazado con que si se aplica el artículo 155, el Parlamento regional podría proclamar unilateralmente la independencia, amparándose en el referendo prohibido del 1 de octubre, que los separatistas dicen haber ganado.

- ¿Elecciones regionales? -

El gobierno central se está tomando por ello su tiempo, y este viernes envió a Puigdemont el mensaje de que todavía puede dar marcha atrás.

"Siempre que no proclame formalmente la independencia y dé marcha atrás en sus planes secesionistas, hay margen" para hablar, dijo a la radio Cadena SER el número 3 del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

Como vía de salida a la crisis, una opción que está ganando peso es la de un adelanto electoral en Cataluña, tal y como expresó abiertamente el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.

"La lógica de este proceso abocará a unas elecciones, a unas elecciones legalmente convocadas", declaró.

Por su lado, la dirigente socialista Carmen Calvo, encargada de pactar las medidas del 155 con el gobierno, confirmó informaciones de prensa según las cuales el líder del PSOE, Pedro Sánchez, está de acuerdo con Rajoy en que haya elecciones en Cataluña en enero.

"Pedro Sánchez tiene absolutamente claro, desde el minuto uno, que esto es para llevar a Cataluña a unas elecciones", explicó.

AFP / Lluís Gené Joaquim Curbet muestra un sobre con 155 euros retirados simbólicamente de una sucursal del Banco Sabadell en Barcelona el 20 de octubre de 2017 como señal de protesta contra el gobierno español

Las últimas elecciones regionales catalanas tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2015. En ellas obtuvieron una mayoría de escaños los partidos separatistas, repartidos entre la actual coalición de gobierno Juntos por el Sí, y el partido anticapitalista CUP, que brinda a estos un apoyo esencial en la cámara.

La pregunta está en cómo se podrían celebrar esas elecciones regionales, cuya convocatoria corresponde a su presidente.

El gobierno de Rajoy le ha dicho a Puigdemont que si él llama a elecciones, se parará el proceso de intervención de la autonomía. Aunque el ejecutivo regional no quiere ese escenario por ahora.

Puigdemont en cualquier caso está bajo la presión contradictoria de Madrid y de los círculos empresariales, que le piden dar marcha atrás, y del ala dura del soberanismo, que le exige proclamar ya la República catalana para fortalecer su posición.

En las últimas tres semanas, y ante la incertidumbre reinante, unas 1.200 empresas iniciaron trámites para sacar de Cataluña su sede social, según el Colegio de Registradores.

- Los independentistas, muy movilizados -

En la calle, la movilización de los independentistas no ceja. Este viernes, muchos fueron a retirar dinero como gesto de protesta contra el gobierno español y los bancos que trasladaron fuera de la región su sede social, como CaixaBank y Sabadell.

Joaquim Curbet, un editor de 58 años, retiró del banco 155 euros, "una suma simbólica para protestar y presionar al gobierno español".

También de forma simbólica, Roser Cobos retiró 1.714 euros, en referencia al año en que el rey Felipe V abolió las instituciones autónomas con las que hasta entonces contaba Cataluña.

"Es una forma de protestar. No queremos hacerle ningún mal a la economía española o catalana", dijo esta abogada de 42 años.

La retirada de dinero fue promovida por la asociación independentista Òmnium Cultural. Actualmente, su presidente Jordi Cuixart y el de otra asociación soberanista (Asamblea Nacional Catalana), Jordi Sánchez, están en prisión preventiva cerca de Madrid por un presunto delito de "sedición".