En Venezuela es un derecho con rango constitucional, es así como el Artículo 68 de nuestra Constitución Nacional, en su primer párrafo, establece lo siguiente: "Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley". Eso nadie lo puede poner en duda, ni jamás pensar en prohibir. Ahora vamos con una consideración importante, ese derecho, aunque de rango constitucional, no es absoluto, uno de sus límites está expresamente definido, cuando condiciona que esa acción de manifestar sea PACÍFICAMENTE Y SIN ARMAS. Es evidente, como dicen los abogados, público y notorio, que las últimas concentraciones de la oposición, disminuidas en cuanto a participación ciudadana por cierto, no han sido ni pacíficas, ni sin armas, basta con solo revisar, ver, los resultados al final de las mismas. Es ahí cuando la intervención de los cuerpos de seguridad, con los instrumentos permitidos por la ley, es pertinente y obligatoria. Me voy a permitir citar igualmente el artículo 357 del Código Penal Venezolano, en su primer aparte: "Quien ponga obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías... será castigado con pena de prisión de cuatro años a ocho años". No hace falta amigo lector, ser ningún experto en la materia, para concluir que los llamados de algunos dirigentes de la oposición y las posteriores concentraciones, en cuanto a toma de autopistas, calles y avenidas, sin permisos de ley, con violencia incluída, acompañada por el uso de armas formales y no, son absolutamente contrarios a la Constitución Nacional y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Faltaría ver entonces, una actuación coordinada entre el Ministerio Público y los organismos de seguridad, para poner control sobre esta situación, que sigue causando con impunidad muertes, heridos, tensión entre la población y daños incalculables en la economía nacional.