El fiscal general Tarek William Saab afirma que su predecesora convirtió la Fiscalía en ‘una compañía privada’ que servía para ‘una red de extorsión’.

El nuevo fiscal general de Venezuela denunció el domingo las irregularidades que supuestamente encontró en el Ministerio Público (MP) tras la salida de su predecesora Luisa Ortega Díaz mientras indicó que al asumir las riendas de la Fiscalía se encontró con un despacho convertido en "una compañía privada y un campo minado de corrupción”.

“La extitular del MP duró 9 años y medio, el tiempo suficiente para degradar lo que en la Constitución aparece como el símbolo de la justicia, y convertirlo en una compañía privada (...) para que se delinquiera en nombre de la justicia”, lamentó Saab en una entrevista con el programa José Vicente Hoy, transmitido por el canal privado venezolano Televen.

El fiscal venezolano, del mismo modo, hizo hincapié en que se han hallado pruebas de transacciones irregulares tasadas en moneda local, en bienes materiales y otras en moneda extranjera, entre ellas, agregó, el caso de diez empresas investigadas por “el presunto desfalco, producto de sobreprecio en 12 contratos, que pudieron haberle ocasionado al país un daño patrimonial superior a los 200 millones de dólares”.

Saab,quien ascendió al puesto tras la destitución de Ortega Díaz el pasado 5 de agosto, ha denunciado en reiteradas ocasiones el funcionamiento de una “red de extorsión” operada por fiscales que pedían dinero a cambio de no formular delitos contra los implicados en investigaciones.

La extitular del MP duró 9 años y medio, el tiempo suficiente para degradar lo que en la Constitución aparece como el símbolo de la justicia, y convertirlo en una compañía privada (...) para que se delinquiera en nombre de la justicia”, denuncia el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

 

Ortega, una acérrima chavista, se distanció del presidente bolivariano, Nicolás Maduro, tras los fallos del TSJ contra la Asamblea Nacional (AN), de mayoría opositora. La brecha se acentuó en mayo, después de que la fiscal general pidiera la nulidad de la ANC al considerar que no es potestad del Ejecutivo convocar ese proceso sin previa consulta en referendo.

El Ministerio Público de Venezuela presentó el pasado mes de agosto pruebas que involucran a su esposo, el diputado opositor Germán Ferrer, como líder de una red de extorsión que cobraba en dólares. Luego, la Asamblea Constituyente anuló su inmunidad parlamentaria, después de que el TSJ ordenara su detención.